REFORMA
ELECTORAL: ¿AVANCE O RETROCESO?
MARIO
HERNANDEZ SOLORIO
Es el primer
cuestionamiento que nos asalta cuando hablamos de la reforma electoral ¿Avance
o retroceso? Si tiene las herramientas jurídicas y políticas suficientes y
adecuadas para llamarla: “Reforma electoral” o, en realidad fue un ejercicio
simulador que solo sirve para diluir los contenidos y significados
constitucionales en la ley secundaria de la materia [ Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales] y que a su vez, favorece para deslegitimar los contenidos
constitucionales en los titulares de los
nuevos órganos constitucionales autónomos [ Coneval, INE, Fiscalía General de
la República] previstos en la reforma política- electoral como una consecuencia
del reparto de cuotas entre los partidos mayoritarios, que reproducirán los
intereses, poder e ideologías de las
fuerzas políticas y económicas dominantes hoy en México.
El proceso electoral
federal 2014- 2015 será el próximo siete de Junio del presente año dos mil quince,
se van a elegir 500 diputados al Congreso de la Unión: 300 de los cuales serán
electos por mayoría simple en cada uno de los distritos electorales en que se
divide el país; y los 200 restantes mediante el principio de representación
proporcional al ser votados en listas en cada una de las cinco
circunscripciones electorales que integran al país. Constituirán a partir del 1
de septiembre de 2015, la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión de México.
Por tanto, ¿qué sabemos de la próxima elección? Y ¿que sabemos de la reforma
política que regirá cada uno de las acciones políticas del Instituto Nacional
Electoral, y de los partidos políticos de México? ¿Será un ejercicio que debe a
culminar con el voto en las urnas o la abstención de la ciudadanía
electoral?.Si no fuera así, por el tamaño de la crisis en todo el territorio
que lastima al país, todo parece hace indicar que las elecciones pueden
terminar en indeseables revueltas callejeras como consecuencia de una
transición democrática en estado de postración avanzada.
Se habla de la crisis
en que vive inmerso el país, pero no se habla que el desconocimiento del
entramado electoral por parte de la ciudadanía electora y hasta de los propios
partidos políticos que en los hechos contribuye a incrementar esa crisis, en
donde se elige a gobernantes y representantes populares incapaces, deshonestos
y codiciosos que solo buscan el beneficio personal o de grupo y la impunidad
para enriquecerse bajo la sombra protectora del fuero, a costa del erario sin
el menor escrúpulo y como remate, la falta de garantías para el ejercicio de un
derecho político – electoral.
Un botón de muestra:
“Todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos […]” En
consecuencia el Estado garantiza el ejercicio de un derecho humano de
“conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad.” (Art. 1 Carta Magna).
Eso es en la
Constitución, sin embargo en los hechos y en la práctica ese ejercicio de un
derecho no se encuentra garantizado desde el momento en que las acciones que
lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral [INE] en el arranque de las
actividades tendientes al desarrollo y organización del proceso electoral
federal 2014- 2015, lo hace en base a
leyes abrogadas que como ustedes saben, es una práctica ilegal al aplicar hoy en día el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
normatividad que no tiene fuerza legal alguna desde el veintitrés de mayo de
dos mil catorce, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se expide la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En dónde, cuándo,
cómo se está aplicando el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se preguntará con justa razón.
Desde el mes de enero
del año en curso ( 2015 ) en todos los consejos distritales en que se divide el
país y que dependen del Instituto Nacional Electoral, en la apertura del
proceso electoral 2014- 2015, al someter para su aprobación por los partidos
políticos el acuerdo por el que se designan a los ciudadanos que se
desempeñaran como SUPERVISORES ELECTORALES. En este lance ilegal, se está
aplicando una legislación ABROGADA que estuvo vigente el treinta de noviembre
de mil novecientos noventa y nueve, fecha en la que el Consejo General del
entonces denominado Instituto Federal Electoral [I.F.E] aprobó el acuerdo
mediante el cual se concentró en UN SOLO FUNCIONARIO los trabajos que realiza
el CAPACITADOR ELECTORAL y el asistente electoral para la integración de las
mesas directivas de casilla y las actividades de asistencia durante las etapas
de preparación y desarrollo de la Jornada Electoral, así como de resultados y
declaración de validez de las elecciones.
Esta práctica ilegal
y viciada es aceptada hoy en día por la mayoría de los partidos políticos en
caso de no ser impugnada en tiempo y forma, cediendo terreno a la manipulación
de la elección y al estado de indefensión del ciudadano elector para iniciar
desde ahí, el empedrado camino de la derrota electoral.
¿Para qué aplicar una
ley abrogada en el actual proceso electoral? ¿Para qué una reforma electoral
que costó muchos millones al erario si no va a ser garante del ejercicio de un
derecho político - electoral? ¿Para qué entonces se legisló, aprobó y publicó
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales si no sirve para
garantizar una elección legal?
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