sábado, 7 de febrero de 2015

REFORMA ELECTORAL: ¿AVANCE O RETROCESO?

MARIO HERNANDEZ SOLORIO

Es el primer cuestionamiento que nos asalta cuando hablamos de la reforma electoral ¿Avance o retroceso? Si tiene las herramientas jurídicas y políticas suficientes y adecuadas para llamarla: “Reforma electoral” o, en realidad fue un ejercicio simulador que solo sirve para diluir los contenidos y significados constitucionales en la ley secundaria de la materia [ Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales] y que a su vez, favorece para  deslegitimar los contenidos constitucionales  en los titulares de los nuevos órganos constitucionales autónomos [ Coneval, INE, Fiscalía General de la República] previstos en la reforma política- electoral como una consecuencia del reparto de cuotas entre los partidos mayoritarios, que reproducirán los intereses, poder  e ideologías de las fuerzas políticas y económicas dominantes hoy en México.

El proceso electoral federal 2014- 2015 será el próximo siete de Junio del presente año dos mil quince, se van a elegir 500 diputados al Congreso de la Unión: 300 de los cuales serán electos por mayoría simple en cada uno de los distritos electorales en que se divide el país; y los 200 restantes mediante el principio de representación proporcional al ser votados en listas en cada una de las cinco circunscripciones electorales que integran al país. Constituirán a partir del 1 de septiembre de 2015, la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión de México. Por tanto, ¿qué sabemos de la próxima elección? Y ¿que sabemos de la reforma política que regirá cada uno de las acciones políticas del Instituto Nacional Electoral, y de los partidos políticos de México? ¿Será un ejercicio que debe a culminar con el voto en las urnas o la abstención de la ciudadanía electoral?.Si no fuera así, por el tamaño de la crisis en todo el territorio que lastima al país, todo parece hace indicar que las elecciones pueden terminar en indeseables revueltas callejeras como consecuencia de una transición democrática en estado de postración avanzada.

Se habla de la crisis en que vive inmerso el país, pero no se habla que el desconocimiento del entramado electoral por parte de la ciudadanía electora y hasta de los propios partidos políticos que en los hechos contribuye a incrementar esa crisis, en donde se elige a gobernantes y representantes populares incapaces, deshonestos y codiciosos que solo buscan el beneficio personal o de grupo y la impunidad para enriquecerse bajo la sombra protectora del fuero, a costa del erario sin el menor escrúpulo y como remate, la falta de garantías para el ejercicio de un derecho político – electoral.

Un botón de muestra: “Todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos […]” En consecuencia el Estado garantiza el ejercicio de un derecho humano de “conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.” (Art. 1 Carta Magna).

Eso es en la Constitución, sin embargo en los hechos y en la práctica ese ejercicio de un derecho no se encuentra garantizado desde el momento en que las acciones que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral [INE] en el arranque de las actividades tendientes al desarrollo y organización del proceso electoral federal  2014- 2015, lo hace en base a leyes abrogadas que como ustedes saben, es una práctica ilegal  al aplicar hoy en día el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, normatividad que no tiene fuerza legal alguna desde el veintitrés de mayo de dos mil catorce, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En dónde, cuándo, cómo se está aplicando el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se preguntará con justa razón.

Desde el mes de enero del año en curso ( 2015 ) en todos los consejos distritales en que se divide el país y que dependen del Instituto Nacional Electoral, en la apertura del proceso electoral 2014- 2015, al someter para su aprobación por los partidos políticos el acuerdo por el que se designan a los ciudadanos que se desempeñaran como SUPERVISORES ELECTORALES. En este lance ilegal, se está aplicando una legislación ABROGADA que estuvo vigente el treinta de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, fecha en la que el Consejo General del entonces denominado Instituto Federal Electoral [I.F.E] aprobó el acuerdo mediante el cual se concentró en UN SOLO FUNCIONARIO los trabajos que realiza el CAPACITADOR ELECTORAL y el asistente electoral para la integración de las mesas directivas de casilla y las actividades de asistencia durante las etapas de preparación y desarrollo de la Jornada Electoral, así como de resultados y declaración de validez de las elecciones.

Esta práctica ilegal y viciada es aceptada hoy en día por la mayoría de los partidos políticos en caso de no ser impugnada en tiempo y forma, cediendo terreno a la manipulación de la elección y al estado de indefensión del ciudadano elector para iniciar desde ahí, el empedrado camino de la derrota electoral.

¿Para qué aplicar una ley abrogada en el actual proceso electoral? ¿Para qué una reforma electoral que costó muchos millones al erario si no va a ser garante del ejercicio de un derecho político - electoral? ¿Para qué entonces se legisló, aprobó y publicó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales si no sirve para garantizar una elección legal?

Tantas interrogantes, generan como respuesta, la percepción que estamos frente a una reforma simuladora que NO incorpora la revocación de mandato (cuya propuesta es de un servidor), ni el referéndum, ni la acción popular de inconstitucionalidad, se mantienen por tanto,  los requisitos de 2012 que dificulta a los ciudadanos el derecho a la consulta y a la iniciativa legislativa ciudadana. No se acompaña la reforma constitucional electoral con leyes secundarias que regulen el derecho de réplica o la publicidad gubernamental. Más aún, se mantiene la connivencia entre los partidos políticos y la clase empresarial porque no se deroga el financiamiento privado. No es una reforma legítima al haber excluido a sectores sociales y políticos relevantes. En consecuencia, será el marco para nuevos conflictos pre-electorales y pos-electorales. Ante ese espectro, antes del canto de un gallo, estaremos discutiendo una nueva reforma político- electoral.

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