lunes, 25 de junio de 2012

EL METRO EN VERACRUZ.



            
               (Propuesta publicada originalmente en el 2000)

     ¿Que es el Tiempo?
     Para los forasteros, los porteños desconocemos el concepto del tiempo. Por lo menos, es la excitación que  queda cuando se visitan los portales del zócalo y el malecón. Sentimiento falso o verdadero, finalmente es el papel histórico que heredamos desde nuestra concepción meta--municipal.

               Para lo que provienen de países industrializados lo que importa es el tiempo real, porque las formas fundamentales de todo ser humano son el espacio y el tiempo. Saben que estos dos factores van a incidir en la geografía, el transporte, la economía y el bienestar social.

    Vivir situados fuera del tiempo es tan absurdo como hacerlo fuera del espacio. Con la revolución industrial, el crecimiento de las ciudades se hizo cada vez más importante un sistema de circulación urbano para transportar a la población al trabajo, a los acontecimientos sociales, culturales y deportivos, también  para los viajes de compras, médicos o de otro tipo. El primer servicio de transporte rápido subterráneo, conocido como metro, apócope de metropolitano, o ferrocarril urbano, se inauguró en la ciudad de Nueva York en 1904.
              George Medhurst, empresario londinense fue el primero en publicar una propuesta para carga en 1810, una para pasajeros en 1812 y un plan más ambicioso en 1827. William Barclay Parsons en 1885 abrió una oficina de servicios de consultoría en Manhattan, Nueva York. El proyectó la primera línea de transporte urbano subterráneo de la Ciudad de Nueva York, y el trazado cartográfico de 1000 millas de ferrocarril en China, desde Hankow a Cantón.      
     En la ciudad de México, se inauguró el transporte subterráneo de ferrocarril, con asesoría y tecnología francesa llamado “Metro” durante el gobierno del Lic. Gustavo Díaz Ordaz. Desde entonces, la explosión demográfica ocupó los principales afanes de los urbanistas en la ciudad capital, para enfrentar lo que prometía ser la ciudad más grande del mundo: La primera Babel del siglo XX con nula política ecológica.
               Principal fuente de esa agresión al ecosistema es el tráfico descontrolado y la impurificación derivada del transporte urbano, que indirectamente genera problemas auditivos y de estrés.  En ciudades de ubicación privilegiada como Buenos Aires por cada 1.000 autos que circulan por territorio porteño (se estima en 2.000.000 el volumen total) se depositan en la atmósfera 200 kilos de óxido nítrico, 400 de hidrocarburos y 3.000 de dióxido de carbono. Veracruz, no obstante vive tres circunstancias que lo convierten con urgencia, deseable candidato a modernizar su transporte público de pasaje y de carga por debajo de la tierra:
                     Es una de las ciudades más importantes del Golfo y del Caribe; Además se trata del primer puerto de un país que ha suscrito Tratados Internacionales de Comercio de alcances intercontinentales, y por último, es zona conurbada con otro municipio importante (Boca del Rio) y pronto lo estará con los municipios de Medellín, Jamápa, Alvarado y la Antigua. Los veracruzanos viviremos en una metrópoli.
      Fincar el desarrollo de Veracruz al factor transporte actualizado no haría camino al andar, sino que rodaría sobre una lustrosa autopista segura y rápida hacia el bien estar social. Para quienes lo dudan, ahí tenemos el ejemplo de Canadá, cuya historia esta fuertemente ligada a la del transporte y al triunfo gradual de éste sobre la geografía. Canadá es el segundo país más grande del mundo, pero ocupa el vigésimo octavo lugar en cuanto a población. Sus 27 millones de habitantes se esparcen en los 9,970 610 km2 de superficie que se extiende a lo largo de 5500 km entre el Atlántico y el Pacífico, lo cual da una densidad aproximada de tres personas por kilómetro cuadrado. En estas circunstancias, es esencial una red de transporte eficiente para mantener unido al país y permitir que personas y bienes se muevan libremente a través de él, así como para transportar las mercaderías canadienses a los mercados internacionales. 
     A pesar de estos obstáculos, Canadá ha desarrollado un sistema de transporte altamente sofisticado. Cuenta con más kilómetros de carreteras y vías férreas por persona que el resto de los países, incluidos los Estados Unidos. Canadá ha sido el pionero en el uso de ductos para transportar petróleo, gas y otros productos a grandes distancias. En cada ciudad importante existen sistemas intermodales para el transporte de pasajeros, los cuales incluyen transporte subterráneo, autobuses o líneas ferroviarias que operan bajo el sistema de abono. La mayoría de los centros se encuentran cerca de modernos aeropuertos con conexiones a servicios aéreos internacionales. Una industria marítima especializada florece en ambas costas del sistema de los Grandes Lagos y del Gran Canal de San Lorenzo.
     Aquí en Veracruz, en cambio se movió en el año de 1999, en total una carga portuaria de altura de 5. 879.9 millones de toneladas, entraron 3. 541.0 y salieron 2.338.9. En granel agrícola, mineral, petróleo, derivados y otros fluidos las toneladas de carga siempre fueron mayores en el ingreso que en las salidas. Este movimiento portuario, por ahora mantiene dividida a la ciudad por las inoperantes vías férreas, a pesar de la construcción de una nueva aduana marítima y el llamado puerto seco, lo que parece a todas luces no será la solución que el puerto y la ciudad de Veracruz necesitan.
                Los porteños reclaman un movimiento avanzado de transporte en todos los rubros y están examinando la factibilidad técnica y económica de sistemas de transporte subterráneo por ducto para llevar gran volumen de carga a través de aéreas altamente congestionadas. El transporte de carga por ducto pertenece a la clase de sistemas de transporte no tripulados, en el cual, cápsulas o trenes de cápsulas confinadas en un espacio restringido llevan carga entre terminales a través de tubos. El sistema puede ser pensado como un pequeño tren no tripulado corriendo dentro de un tubo llevando carga contener izada.
               Los vehículos de pasajeros podrían ser separados de los vehículos de carga con mejoras en la eficiencia y la seguridad de ambos modos. La mejora en la eficiencia resultaría en tarifas de carga más bajas y menores impactos ambientales en cuanto a calidad del aire y ruido.
               Veracruz vive el momento de expansión justo para utilizar el transporte colectivo “Metro”, con un promedio aproximado de 700 mil habitantes en la zona conurbada con Boca del Río y con una clase  trabajadora que vive en el norte de la ciudad, mientras los centros de trabajo, fábricas, plazas, escuelas de nivel medio, bibliotecas, discotecas, bares, restaurantes, estadios deportivos, juzgados, cines, universidades y los principales centros de esparcimiento y diversión están ubicado en el sur. TAMSA, una ciudad Industrial y centro de Abasto en el sur oeste. En cuestión de meses, al conurbarse con los municipios de Medellín, Jamapa, Alvarado y la Antigua seremos un millón de habitantes a los que habrá que transportarnos por todos los puntos cardinales y no estamos preparados para este evento, el más importante del  siglo en puerta.
                        En el más reciente censo del INEGI, se movilizaron en el municipio de Veracruz y Boca del Río 52,587 automóviles, de los cuales 2,696 son utilizados para el servicio público y un total de 1,918 camiones para el servicio público de pasajeros urbanos, por tanto, es inaplazable desarrollar una evaluación sobre el tránsito  urbano, planteando la necesidad de un trasvasa miento desde el transporte colectivo tradicional y el transporte en automóvil particular hacia el transporte colectivo subterráneo de pasajeros METRO con los siguientes beneficios:  A ) Equivale a mayor espacio físico en las calles y a una reducción en el congestionamiento del tráfico; B) Optimiza la vialidad de  personas; C) Ahorro de combustible por pasajero/ kilómetros; D) Abatimiento de niveles emisoras de gas por pasajero/ kilómetro transportado; E) Evita pérdidas de tiempo en el traslado a las oficinas, escuelas y centros de trabajo; F) Mejora el ecosistema y contribuye a la salud de la población; G) Reduce el costo del transporte en general y fortalece la economía doméstica de la clase trabajadora y estudiantil; H) Reordena el crecimiento económico y urbanístico de los seis municipios conurbados; I) Reducción de accidentes heridos y muertos; J)Reducción en el deterioro de caminos y puentes; K)Incremento en el control de programas de entrega.
                 El METRO, como todos lo llaman, es la forma más rápida y segura de desplazarse en las ciudades con ganas de SER en el tiempo y el espacio. En Veracruz podríamos empezar con dos líneas: La primera podría iniciar en Río Medio, enhebrando las unidades habitacionales del INFONAVIT-Buenavista, que siga al centro de la ciudad y continúe por Gral. Prim hasta Costa Verde, para retomar la antigua Vía Muerta con destino final en el Zócalo de Boca del Río; Otra opción de ruta de la línea uno sería que al pasar por el Parque Zamora, continuara todo Díaz Mirón hacia La Boticaria, Mocambo, hasta el Zócalo de Boca del Río. Una segunda línea, podría surgir desde TAMSA, ciudad Industrial Bruno Pagliai, Aeropuerto, J.B. Lobos hasta la avenida Xicoténcatl.  
       Todo ello contribuirá a mejorar el entorno y la calidad de vida veracruzana... A disfrutar de la ciudad, el espacio y el tiempo.  Haciéndole caso a los entendidos del primer mundo, el tiempo en sí no consta de partes reales, sino que es nuestro entendimiento el que lo divide arbitrariamente; sólo un conjunto de cosas distintas que ocupen el tiempo pertenece a lo e numerable. Permítasenos contar entre ellas nuestra forma porteña de matar el tiempo y así arribar al concepto puro del tiempo...el metro.

INICIATIVA CIUDADANA


 
DISCRIMINACIÓN LEGISLATIVA.

(PROPUESTA publicada originalmente en el 2001)

¿Soñó usted alguna vez en ser diputado?

Sin la truculencia electoral que ello implica. Sin tener que recorrer los entresijos de los partidos políticos y soportar el acíbar de los juegos de espejos del poder para lograr una candidatura que los lleve a ser representantes populares o impopulares según sea cada caso en particular.

Se imaginó por lo menos tener alguna de sus facultades y prerrogativas en un proceso legislativo, como lo es el derecho a iniciar leyes o decretos formalmente ante un Congreso. Quizás no, pero hoy, esto puede ser posible en la coyuntura de una reforma política que desemboca en la mal llamada “Iniciativa Popular” que consideramos debe denominarse Iniciativa Ciudadana y que debe dar el derecho de iniciar leyes o decretos previstos por el artículo 71 de la Carta Magna, y en la máxima ordenanza local del artículo 34 fracción VII  y su ley reglamentaria.

Veamos porqué. Hasta hace unos meses aspirar a ocupar un escaño en el Congreso Estatal o de la nación, implicaba participar en  un proceso de importante plataforma política, de alianzas con grupos de poder, involucrar, además, grandes sumas de dinero para financiar campañas que lo llevaran a obtener la curul deseada, o tener mecenas ocultos para quienes finalmente se trabajaría coartando toda libertad al futuro legislador, además de otras cualidades que no son las principales, porque siempre son allanadas a la capacidad económica, el tino y la habilidad para implementar campañas mercadotécnicas de penetración en el público elector, incluyendo, por si lo anterior fuera poco, cierto carisma personal e inteligencia del aspirante.

Maquiavelo fue uno de los pensadores avezados que se percató completamente de lo que en verdad significaba la estructura del nuevo estado. Había visto in situ sus orígenes y previó sus efectos. Anticipó en su pensamiento el curso entero de la futura vida de Europa. El darse cuenta de ello fue lo que lo indujo a estudiar la forma de los nuevos principados con el mayor cuidado y minuciosidad. Sabía perfectamente que su estudio al ser comparado con las teorías políticas anteriores, sería considerado como una cierta anomalía y se disculpó por la orientación insólita de su pensamiento: “...Digo pues, que los principados totalmente nuevos en los que hay un nuevo príncipe tienen para mantenerse una dificultad mayor o menor según sea más o menos capaz aquel que los adquiere. Y como quiera que esto de convertirse de hombre común en príncipe, implica o capacidad o fortuna, parece que una o la otra de estas dos cosas, deba de servir para allanar muchas dificultades”.

Conveniente sería, para la vida democrática en el estado, llevar hasta las últimas consecuencias el derecho constitucional de la ciudadanía a iniciar leyes o decretos.

¿Cómo lograrlo?

De acuerdo al artículo 34 de la Constitución local vigente, el derecho de iniciar leyes o decretos compete a los diputados del congreso del estado; a los diputados y senadores al Congreso de la Unión que se encuentren en funciones; al Gobernador del Estado; al Tribunal Superior de Justicia, a los Ayuntamientos o Consejos Municipales, a los órganos Autónomos del Estado en lo relativo a la materia de su competencia y a los ciudadanos del estado, mediante iniciativa popular en los términos que establezca la ley.

Esto significa en lenguaje llano que usted, amable lector, si tiene la categoría de ciudadano mexicano, estaría, llegado el caso, al nivel  del Gobernador del Estado, de los Ayuntamientos o de cualquiera de los anteriormente citados en su derecho constitucional de iniciar leyes, sin embargo,  este beneficio que parece trascendental lleva consigo el impacto inaceptable de la discriminación legislativa, ya que al ejercitar como ciudadano su derecho constitucional, no goza de las mismas facultades, obligaciones y prerrogativas de todos y cada uno de los cinco restantes que menciona el citado  artículo 34.

En efecto, una vez que la iniciativa de ley pasa a discusión del dictamen en el pleno del Congreso, a ella puede asistir el gobernador  o quien él designe para hacer las aclaraciones que considere necesarias, lo cual parecería ser justo a que tenga derecho a defender su iniciativa, por el contrario, el ciudadano que ejerza el derecho constitucional a iniciar leyes o decretos, no está en la igualdad de posibilidades de defenderla, pues no se menciona esta prerrogativa en ninguno de los incisos del artículo 35 de la máxima ordenanza local, lo que indudablemente lo arrojaría a una discriminación legislativa violándose el principio general del derecho que: Todos somos iguales ante la Ley”.

Esta sería solo un botón de muestra. Otra sería el impopular fuero que ha servido para toda clase de episodios licenciosos de los representantes populares fuera del foro que mojan las orillas de lo delictuoso y tanta irritación causan en la ciudadanía y así podríamos referirnos a las atribuciones que tienen los otros facultados para iniciar leyes o decretos, lo cual no es descabellado plantearlo toda vez que, en ninguna de las siete fracciones que señala el artículo 34 del derecho a iniciar leyes, contiene mas excepciones “que los que establezca la ley”, cuando es claro que la Ley Reglamentaria que se ha dictado a la fracción séptima romana del artículo 34 aludido, hasta ahora no contempla el equilibrio que determina el principio general del derecho que: ante la ley todos gozamos de los mismos derechos y obligaciones.

No obstante, si se debe exigir y quede norma, que todo aquel ciudadano que haga uso de su derecho constitucional a la iniciativa popular, se le brinden, por lo menos, las facilidades necesarias para desarrollar el trabajo legislativo. De lo contrario, estaría en una inequidad desproporcionada para ejercer el derecho a la Iniciativa Ciudadana (Popular).

Entre la ciudadanía abunda talento suficiente para desarrollar en forma profesional y atinada una iniciativa de ley. Para comprender la trascendencia de este derecho en la Constitución local, debemos voltear a ver lo que dispone la Carta Magna de la República, en donde no está prevista la Iniciativa Ciudadana (Popular) y el escenario es completamente distinto en el proceso de formación de leyes o decretos. Aquí comienza por el ejercicio de la facultad de iniciar la ley, al presentar ante el Congreso un proyecto de ley o decreto.

No cualquier persona tiene el derecho de iniciar leyes o decretos, sino solamente el Presidente de la República, los diputados y senadores al Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados según lo dispone el artículo 71.

Así las cosas, la evolución legislativa dependía en México únicamente de aquellos funcionarios que la Constitución suponía eran los más indicados para interpretar las necesidades del país.

Antiguamente, las demás autoridades que excluye el artículo 71 de la Constitución Federal, se igualaban a los particulares por cuanto que carecían de la facultad de iniciativa, inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano experto técnicamente para formular  proyectos de ley, pero que no tiene dicha facultad, por considerarse que debe haber completa separación entre la función del juez y la del legislador, o entre los tres poderes formales vigentes.

Lo que significa que la Carta Magna no prevé ni dispone  las iniciativas de los particulares, por otorgar el derecho relativo tan solo a los funcionarios que enumera el artículo 71, aunque el reglamento del Congreso trata de paliar un tanto esta discriminación legislativa ordenando que toda petición de particulares, corporaciones o autoridades que no tengan derecho de iniciativa se mandará pasar directamente por el Presidente de la Cámara a la comisión que corresponda, según la naturaleza del asunto que se trate, como se verá esta disposición no logra atenuar el impacto de la viudez constitucional en el ciudadano mexicano, en su derecho a iniciar leyes o decretos, situación que ahora ha cambiado con la nueva Constitución en nuestro estado.

Nos esforzaremos por ahora en dar fijeza a su contenido, por identificar su temática fundamental, por definir sus derechos rectores y por revisar sus fuentes legales, que se pretenden desarrollar con todas las facilidades que les brinde el Congreso Estatal. De lograrse lo anterior se daría un paso adelante de lo que hasta ahora ha sido una figura fallida en desuso, pese a su vigencia, de la mal llamada Iniciativa Popular, que debe denominarse Iniciativa Ciudadana.

Desde  La República de Platón, la tesis de que la misión primera y principal del estado, es el mantenimiento de la justicia, y para ello es necesario involucrarse con habilidad en el derecho a iniciar leyes y decretos para convertirlo en el verdadero foco de la justicia y la teoría del Estado. 

A partir de ahí, todos los pensadores la aceptaron y penetraron en todas las formas de la civilización. Desde los filósofos, los tratadistas del Derecho Romano y los escritores políticos, los estudiosos del derecho civil y canónico todos han coincidido en este punto.

En un pasaje de su República, dijo Cicerón que la justicia es el fundamento del derecho y de la sociedad organizada: donde no hay justicia, no hay comunidad... No hay verdadera res pública. Pongamos pues así, punto final a esa discriminación legislativa.
       


       
       

domingo, 24 de junio de 2012

EL COMUNICADOR SOCIAL A RANGO DE AUTORIDAD MUNICIPAL


               
  


                            (PROPUESTA publicada originalmente en el 2003)


                        “Seguir preparando periodistas convencionales, ya no tiene mucho sentido frente al tamaño y gravedad de los problemas que está viviendo el país”. Esto que parecería una frase lapidaria, es en realidad, producto de la reflexión visionaria perfectamente acabada en el ejercicio periodístico cotidiano de don Manuel Buendía.

                        Aquellas no fueron simples palabras que salieron de su boca el 17 de noviembre de 1983 en el auditorio de ASPA, si no ideas que debemos atender y desarrollar cuando desde su convicción dijo: “ Una abominable deficiencia de los planes de estudios ni siquiera considera que el presente y el futuro de los buenos periodistas debe ser la especialización y, mucho menos esos planes han tomado en cuenta la necesidad que este país tiene de comunicadores sociales (…) hacen falta en los sindicatos, en las agrupaciones de campesinos, en las organizaciones de profesionales, en los partidos políticos y en las instituciones de gobierno. La comunicación social es, sin duda un elemento constitutivo del poder, omitir esta noción básica en la formación del gobierno crea peligrosos vacíos de poder que- como bien se sabe-pronto son llenados por elementos apócrifos y aún adversarios”.

            Los conceptos de don Manuel Buendía son un axioma.

            En la actualidad, en muchas instituciones de gobierno y desde hace algunos años, cuentan con departamentos de comunicación social, con objetivos breves y definidos, como son la de maquillar  la imagen de la dependencia a la que sirven o del titular en turno, que sintetiza una actividad muy limitada en relación al potencial que pueden y deben realizar.

            En la mayoría de los casos, los comunicadores sociales son meros auxiliares para cuidar la imagen de la autoridad o servidor público al que se deben, difundiendo la foto de la inauguración de la obra reciente o vendiendo el lado amable de su jefe en el mayor número de publicaciones posibles o medios electrónicos en el mas inofensivo de los casos.   

            Toda esta parafernalia, empleada y floreciente en el periodismo tradicional, está próxima a desaparecer, si se logra, como parece ser, en un futuro cercano, por fin se dicte una ley Reglamentaria al Derecho a la Información, que haga viable el acceso de cualquier ciudadano o comunicador, a los datos de cualquier autoridad del rango que sea, federal, estatal o municipal, con la obvia finalidad de que el ciudadano conozca en detalle porqué, hacia donde y en que, se gasta o invierte el erario público y si desde luego, está correcta y legalmente gastado.

            Cualquiera que hubiera sido el motivo, en los casos de los comunicadores o periodistas tradicionales, ningún medio,  justificaba ni dignifica el fin, si no al contrario.

                        Sería viable proponer entonces, que en todos y cada uno de los ayuntamientos del país exista un comunicador social, ungido de autoridad, es decir, que se desempeñe como Síndico Segundo, por decir un ejemplo.  Para ello es necesario que se eleve a rango constitucional la actuación de los comunicadores sociales, con la finalidad de optimizar su potencial que pueden y deben desplegar a favor del Municipio Libre, y no como hasta hoy que  “funcionan” desperdiciando en forma inicua los recursos con los que fueron formados en la Universidad, para que en cada Ayuntamiento del país exista un verdadero comunicador social investido en calidad de autoridad.

 ¿Por qué? ¿Qué es una autoridad municipal? 
                        Según el Bando de Policía y Buen Gobierno únicamente son autoridades municipales, el Presidente Municipal, los síndicos y los regidores exclusivamente, en cambio son funcionarios municipales, el Secretario del Ayuntamiento, el Tesorero Municipal y el Oficial Mayor, los demás no son ni autoridades ni funcionarios municipales, sino a secas, auxiliares administrativos. De ahí, que los comunicadores sociales en los ayuntamientos, para que desarrollen una actividad relevante en beneficio de los municipios, requieren antes que nada, que tengan personalidad jurídica a partir de un marco legal que le de sustento a su actuación y para ello necesitan alcanzar el rango de autoridad, erradicando  la forma improvisada que ahora se estila,  ya que es usual y corriente, que se dicten nombramientos a diestra y siniestra de funcionarios o auxiliares administrativos que en la realidad actúan como gobiernos municipales paralelos, incluso, a veces, no son ratificados por el Pleno del Cabildo, convirtiendo a las verdaderas autoridades edilicias en convidados de piedra al seno mismo de ese cuerpo colegiado. Dentro de este espectro se inscribe con frecuencia, la actuación irregular de los comunicadores sociales, porque en la actualidad, constitucionalmente son inexistentes.

                        Es importante puntualizar lo anterior, ya que con frecuencia suele confundirse una cosa con la otra, de ahí la propuesta concreta en que dada la importancia que tiene y debe tener el comunicador social en una entidad embrionaria, célula de la democracia como debe ser y no es aún, el Municipio Libre y los ayuntamientos que los gobiernan, entendemos que la cobertura tan amplia de la comunicación social debe ocupar un primer plano en el cuerpo edilicio con el carácter de Síndico Segundo, seguido del que se desempeña como el Representante Legal del Ayuntamiento. Pero...

                        ¿Qué es un comunicador social?
                        La comunicación social empieza donde terminan las fronteras del periodismo tradicional. Tiene una amplia cobertura, cuyo único límite es la imaginación o la habilidad que se tenga para manejar los nuevos medios de comunicación masiva de punta entre los que se encuentra el manejo de la ciberinformación sin dejar un solo instante, de atender la herramienta primaria elemental insondable e inacabable de la palabra concebida en todas sus formas.

                        Es algo que va más allá de la información, por la información misma si partimos de la premisa de que no todo aquel que tiene más información es el mejor informado. La comunicación social además de todo lo anterior, cuenta en su haber la publicidad, las relaciones públicas y la propaganda, que hacen de ella una ciencia y un arte.

                        La comparecencia de los zapatistas en el recinto legislativo de San Lázaro, es el mejor ejemplo, en síntesis, de los alcances insospechados que puede concretar el manejo con destreza de la comunicación social.

                        Nunca hasta hoy un grupo clandestino de indígenas, --supuestamente analfabetos---había logrado ser escuchado en el máximo foro de un país, para exponer sus demandas mas sentidas, en donde los rubros de autonomía y respeto a los derechos de usos y costumbre, lengua y cultura, fuera expuesto con  claridad contundente y convincente en voz de la comandanta Esther, al grado que  su discurso, ya se clasifica como una aportación a la hermenéutica jurídica en México.

En contrapunto, la ciencia jurídica, hasta ahora, no ha podido  hacer viable la autonomía municipal, después de tres revoluciones armadas, sangrientas y culminadas por  dos grandes reformas constitucionales, como fueron a la Carta Fundamental  de  1857 y la de 1917 vigente aún, donde la autonomía municipal continúa siendo una utopía. Ahora mismo, se necesita de la comunicación social elevada a rango de autoridad municipal para promover en cada uno de los municipios del país el cumplimiento de la reforma constitucional municipal, aprobada en la pasada legislatura y que entró en vigor el pasado 23 de marzo, ¿Porque? En la mayoría de las entidades federativas no se han actualizado en su marco jurídico con las disposiciones que reconocen a los ayuntamientos como un auténtico orden de gobierno.

Es más, podríamos configurar desde ya, como una de sus principales funciones de la comunicación social en los ayuntamientos, el impulsar, promover y difundir el perfeccionamiento del municipio libre, precisamente en coyunturas como esta, donde a pesar de existir la vigencia de una disposición legal, ésta no se conoce ni aplica por la falta de mecanismos legales y adecuados para ello. Este vacío de praxis legal, ha ocasionado, como medida de urgencia que uno de los integrantes  del Senado de la República proponga un punto de acuerdo ante el pleno de la cámara para hacer un llamado al Presidente Vicente Fox para que se promueva entre los estados el cumplimiento de esa reforma constitucional municipal.

Otra de las tareas que debe realizar la comunicación social es volver el municipio un ente directo de participación social innovando ese vacío visible  en el territorio y el tiempo. La falta de comunicación de los ediles con la ciudadanía, ha llevado a tomar medidas que pauperizan a los municipios, como es la fragmentación en cientos y cientos de municipios misérrimos, que no cuentan con la riqueza natural de sus territorios para impulsar la economía municipal.

            Se inscriben en este contexto al negativa de las solicitudes para alcanzar el rango constitucional de municipio libre a las ahora congregaciones de Santiago Xochiapa,  San Rafael, Potrero del Llano, Cuichapa y Allende, negativa basada en la falta de requisitos legales, que una vez que se cumpla, pasarán a engrosar la lista de municipios famélicos, porque la solución no es la fragmentación si no la fusión con otros municipios, que también prevé nuestra Constitución Local, para que de la unión nazca la fuerza y el progreso económico, social y político.

            El comunicador social es el hombre o mujer que se necesita. ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Para todo, en todas partes y ahora mismo.

Y es que la comunicación social básicamente es una de las formas de poder para la gestión democrática de la sociedad. He ahí que se diga, que el auténtico comunicador social es también un auténtico líder, un dirigente. Más aún, es un conductor. Un comunicador social hombre o mujer, puede mover voluntades sin importar el lugar donde se encuentre. Incluso, desde su mesa de trabajo, puede cambiar su entorno y para ello, proponemos que comience desde su propio municipio.
                       
                          (PROPUESTA publicada originalmente en el año 2003)