EL COMUNICADOR SOCIAL A RANGO DE AUTORIDAD MUNICIPAL
(PROPUESTA publicada
originalmente en el 2003)
“Seguir
preparando periodistas convencionales, ya no tiene mucho sentido frente al tamaño
y gravedad de los problemas que está viviendo el país”.
Esto que parecería una frase lapidaria, es en realidad, producto de la
reflexión visionaria perfectamente acabada en el ejercicio periodístico
cotidiano de don Manuel Buendía.
Aquellas no fueron simples palabras que
salieron de su boca el 17 de noviembre de 1983 en el auditorio de ASPA, si no
ideas que debemos atender y desarrollar cuando desde su convicción dijo: “ Una abominable deficiencia de los planes
de estudios ni siquiera considera que el presente y el futuro de los buenos
periodistas debe ser la especialización y, mucho menos esos planes han tomado
en cuenta la necesidad que este país tiene de comunicadores sociales (…) hacen
falta en los sindicatos, en las agrupaciones de campesinos, en las
organizaciones de profesionales, en los partidos políticos y en las
instituciones de gobierno. La comunicación social es, sin duda un elemento
constitutivo del poder, omitir esta noción básica en la formación del gobierno
crea peligrosos vacíos de poder que- como bien se sabe-pronto son llenados por
elementos apócrifos y aún adversarios”.
Los conceptos de don Manuel Buendía
son un axioma.
En la actualidad, en muchas
instituciones de gobierno y desde hace algunos años, cuentan con departamentos
de comunicación social, con objetivos breves y definidos, como son la de
maquillar la imagen de la dependencia a
la que sirven o del titular en turno, que sintetiza una actividad muy limitada
en relación al potencial que pueden y deben realizar.
En la mayoría de los casos, los
comunicadores sociales son meros auxiliares para cuidar la imagen de la
autoridad o servidor público al que se deben, difundiendo la foto de la
inauguración de la obra reciente o vendiendo el lado amable de su jefe en el
mayor número de publicaciones posibles o medios electrónicos en el mas
inofensivo de los casos.
Toda esta parafernalia, empleada y
floreciente en el periodismo tradicional, está próxima a desaparecer, si se
logra, como parece ser, en un futuro cercano, por fin se dicte una ley
Reglamentaria al Derecho a la Información, que haga viable el acceso de
cualquier ciudadano o comunicador, a los datos de cualquier autoridad del rango
que sea, federal, estatal o municipal, con la obvia finalidad de que el
ciudadano conozca en detalle porqué, hacia donde y en que, se gasta o invierte
el erario público y si desde luego, está correcta y legalmente gastado.
Cualquiera que hubiera sido el
motivo, en los casos de los comunicadores o periodistas tradicionales, ningún
medio, justificaba ni dignifica el fin,
si no al contrario.
Sería
viable proponer entonces, que en todos y cada uno de los ayuntamientos del país
exista un comunicador social, ungido de autoridad, es decir, que se desempeñe
como Síndico Segundo, por decir un ejemplo.
Para ello es necesario que se eleve a rango constitucional la actuación
de los comunicadores sociales, con la finalidad de optimizar su
potencial que pueden y deben desplegar a favor del Municipio Libre, y no como
hasta hoy que “funcionan” desperdiciando
en forma inicua los recursos con los que fueron formados en la Universidad,
para que en cada Ayuntamiento del país exista un verdadero comunicador social
investido en calidad de autoridad.
¿Por qué? ¿Qué es una autoridad
municipal?
Según el Bando de Policía y Buen Gobierno
únicamente son autoridades municipales,
el Presidente Municipal, los síndicos y los regidores exclusivamente, en
cambio son funcionarios municipales, el Secretario del Ayuntamiento, el
Tesorero Municipal y el Oficial Mayor, los demás no son ni autoridades ni
funcionarios municipales, sino a secas, auxiliares
administrativos. De ahí, que los comunicadores sociales en los
ayuntamientos, para que desarrollen una actividad relevante en beneficio de los
municipios, requieren antes que nada, que tengan personalidad jurídica a partir
de un marco legal que le de sustento a su actuación y para ello necesitan
alcanzar el rango de autoridad, erradicando
la forma improvisada que ahora se estila, ya que es usual y corriente, que se dicten
nombramientos a diestra y siniestra de funcionarios o auxiliares
administrativos que en la realidad actúan como gobiernos municipales paralelos,
incluso, a veces, no son ratificados por el Pleno del Cabildo, convirtiendo a
las verdaderas autoridades edilicias en convidados de piedra al seno mismo de
ese cuerpo colegiado. Dentro de este espectro se inscribe con frecuencia, la
actuación irregular de los comunicadores sociales, porque en la actualidad,
constitucionalmente son inexistentes.
Es importante puntualizar lo anterior, ya que
con frecuencia suele confundirse una cosa con la otra, de ahí la propuesta
concreta en que dada la importancia que tiene y debe tener el comunicador
social en una entidad embrionaria, célula de la democracia como debe ser y no
es aún, el Municipio Libre y los ayuntamientos que los gobiernan, entendemos
que la cobertura tan amplia de la comunicación social debe ocupar un primer
plano en el cuerpo edilicio con el carácter de Síndico Segundo, seguido del que
se desempeña como el Representante Legal del Ayuntamiento. Pero...
¿Qué es un comunicador social?
La comunicación social empieza donde terminan
las fronteras del periodismo tradicional. Tiene una amplia cobertura, cuyo
único límite es la imaginación o la habilidad que se tenga para manejar los
nuevos medios de comunicación masiva de punta entre los que se encuentra el
manejo de la ciberinformación sin dejar un solo instante, de atender la
herramienta primaria elemental insondable e inacabable de la palabra concebida
en todas sus formas.
Es algo que va más allá de la información,
por la información misma si partimos de la premisa de que no todo aquel que
tiene más información es el mejor informado. La comunicación social además de
todo lo anterior, cuenta en su haber la publicidad, las relaciones públicas y
la propaganda, que hacen de ella una ciencia y un arte.
La comparecencia de los zapatistas en el
recinto legislativo de San Lázaro, es el mejor ejemplo, en síntesis, de los
alcances insospechados que puede concretar el manejo con destreza de la
comunicación social.
Nunca hasta hoy un grupo clandestino de
indígenas, --supuestamente analfabetos---había logrado ser escuchado en el
máximo foro de un país, para exponer sus demandas mas sentidas, en donde los
rubros de autonomía y respeto a los derechos de usos y costumbre, lengua y
cultura, fuera expuesto con claridad
contundente y convincente en voz de la comandanta Esther, al grado que su discurso, ya se clasifica como una aportación
a la hermenéutica jurídica en México.
En contrapunto,
la ciencia jurídica, hasta ahora, no ha podido
hacer viable la autonomía municipal, después de tres revoluciones
armadas, sangrientas y culminadas por
dos grandes reformas constitucionales, como fueron a la Carta
Fundamental de 1857 y la de 1917 vigente aún, donde la
autonomía municipal continúa siendo una utopía. Ahora mismo, se necesita de la
comunicación social elevada a rango de autoridad municipal para promover en
cada uno de los municipios del país el cumplimiento de la reforma
constitucional municipal, aprobada en la pasada legislatura y que entró en
vigor el pasado 23 de marzo, ¿Porque? En la mayoría de las entidades
federativas no se han actualizado en su marco jurídico con las disposiciones
que reconocen a los ayuntamientos como un auténtico orden de gobierno.
Es más,
podríamos configurar desde ya, como una de sus principales funciones de la
comunicación social en los ayuntamientos, el impulsar, promover y difundir el
perfeccionamiento del municipio libre, precisamente en coyunturas como esta,
donde a pesar de existir la vigencia de una disposición legal, ésta no se
conoce ni aplica por la falta de mecanismos legales y adecuados para ello. Este
vacío de praxis legal, ha ocasionado, como medida de urgencia que uno de los
integrantes del Senado de la República proponga un
punto de acuerdo ante el pleno de la cámara para hacer un llamado al Presidente
Vicente Fox para que se promueva entre los estados el cumplimiento de esa
reforma constitucional municipal.
Otra de las
tareas que debe realizar la comunicación social es volver el municipio un ente
directo de participación social innovando ese vacío visible en el territorio y el tiempo. La falta de
comunicación de los ediles con la ciudadanía, ha llevado a tomar medidas que
pauperizan a los municipios, como es la fragmentación en cientos y cientos de
municipios misérrimos, que no cuentan con la riqueza natural de sus territorios
para impulsar la economía municipal.
Se inscriben en este contexto al negativa de las
solicitudes para alcanzar el rango constitucional de municipio libre a las
ahora congregaciones de Santiago Xochiapa,
San Rafael, Potrero del Llano, Cuichapa y Allende, negativa basada en la
falta de requisitos legales, que una vez que se cumpla, pasarán a engrosar la
lista de municipios famélicos, porque la solución no es la fragmentación si no
la fusión con otros municipios, que también prevé nuestra Constitución Local,
para que de la unión nazca la fuerza y el progreso económico, social y
político.
El comunicador social es el hombre o mujer que se
necesita. ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Para todo, en todas partes y ahora mismo.
Y es que la
comunicación social básicamente es una de las formas de poder para la gestión
democrática de la sociedad. He ahí que se diga, que el auténtico comunicador
social es también un auténtico líder, un dirigente. Más aún, es un conductor.
Un comunicador social hombre o mujer, puede mover voluntades sin importar el
lugar donde se encuentre. Incluso, desde su mesa de trabajo, puede cambiar su
entorno y para ello, proponemos que comience desde su propio municipio.
(PROPUESTA publicada originalmente en el año 2003)
Comentarios